Por: Rubén Blades -
5 de mayo, 2021
Las protestas que han sacudido a Colombia estos últimos días no me parece pueden ser explicadas solamente por el descontento popular expresado contra el anuncio de una reforma tributaria impulsada por el presidente Duque.
Aunque es comprensible el rechazo a cualquier imposición fiscal que afecte a negocios y/o al bolsillo del ciudadano colombiano en estos tiempos de desempleo masivo y estrechez económica, lo que más furia ha provocado en la población del país es el nivel de violencia demostrado en la respuesta de sus fuerzas policiales.
No creo que se haya medido bien la indignación que causó la muerte en 2019 del joven Dilan Cruz, ni la de hace ocho meses atrás, del estudiante del derecho Javier Ordoñez, que murió luego de serle aplicada por agentes de la policía, de manera repetida, descargas eléctricas al cuerpo en más de doce oportunidades. El video de la víctima implorando a los policías que no lo hicieran más y que no podía respirar, me recuerda al asesinato en Estados Unidos en el que un policía aplicando presión por más de nueve minutos sobre el cuello del arrestado, George Floyd, a pesar de sus ruegos indicando que le faltaba la respiración.
Ni siquiera la declaración hace dos días del presidente de Colombia anunciando que se retiraría el proyecto de reforma tributaria ha servido para mitigar la furia popular, producto de una rabia y descontento latente hacia la manera como el pueblo se siente tratado por el gobierno, una reacción policial más semejante a una acción militar que a un intento de proteger el orden ciudadano.
Existe un sector en Colombia que parece creer que la única forma de enfrentar el descontento provocado por actos del gobierno es a través de la fuerza y la militarización. Para este sector, las protestas son actos terroristas que deben ser dominados a sangre y fuego, de ser necesario.
Por otro lado, el incidente que causó la muerte de Javier Ordoñez en el 2020 demuestra claramente la ausencia de entrenamiento por parte de la fuerza policial, y/o exhiben la impunidad con que consideran cuentan para reprimir.
El uso del "taser", una especie de "revolver eléctrico", es supuestamente una forma de evitar muertes, no de provocarlas.
Doce veces le fue aplicada la descarga y esa ausencia de criterio y de respeto a la vida de un ciudadano, arrestado por una causa menor (había violado el 'distanciamiento social" por estar tomando con amigos), se quedó impresa en la mente del pueblo.
Cuando ahora la protesta por el alza tributaria fue enfrentada por la fuerza policial con un uso excesivo e indiscriminado de la fuerza, la gente reaccionó de igual manera y el asunto empeoró al punto de provocar ya 24 muertes, cientos de heridos y de detenciones arbitrarias, decenas de desapariciones y de víctimas alegando violencia sexual ejercida en su contra.
Por supuesto que estas situaciones son aprovechadas por grupos políticos que buscan crear oportunidades aprovechando la circunstancia de caos. Por supuesto que entre la gente que protesta civilmente también encontraremos a quienes exhiben sus peores instintos, provocando más desorden y tragedia.
Pero no perdamos de vista la responsabilidad que corresponde a quienes están supuestos a proteger y velar por el interés ciudadano y que en este caso, al igual que ocurrió antes con Dilan y Javier, parecen no haber cumplido correctamente con su deber.
El gobierno colombiano no debe tratar a su población con el rigor que caracteriza a una situación de combate contra la guerrilla. La ciudad no es un campo de batalla, es un terreno común y pertenece a todos los colombianos. La fuerza pública no es un ejército, ni debe adoptar prácticas que sólo se justificarían de ser primero atacados, con armas letales, con un claro intento de hacerles daño Y sin motivo alguno.
Ahora mismo la gente está indignada, y con razón. Ahora mismo, lo necesario es que se reduzcan las tensiones y se establezca el tipo de conversación nacional que lleve a un mejor entrenamiento de la fuerza policial y que devuelva la confianza perdida de la ciudadanía a causa de sus excesos.
Ahora mismo, el gobierno debe considerar una revisión de su mentalidad de sitio y abandonar la idea de que la confrontación violenta es lo que garantizará el orden público. Pero como indiqué antes, el asunto es más complejo que una revuelta causada por una reforma tributaria, propuesta por un presidente considerado administrativamente como inepto, o mal aconsejado por políticos en busca de un protagonismo perdido.
En la historia colombiana ya existen ejemplos de lo horrible que resulta el
reprimir a gente que protesta por desigualdades sociales y económicas, y de cómo estos episodios, inflamados por la violencia política, policial o estatal, terminan produciendo incidentes como los de 1948. El asunto es complejo y requiere para su solución de una visión de estadista, algo que no parece reflejarse en las recientes acciones del poder ejecutivo.
Desde la "guerra de los mil días", la violencia ha sido el recurso más utilizado para resolver conflictos en Colombia, mala costumbre que puede ser desarmada convocando a la mejor disposición posible del carácter nacional.
Por el bien de Colombia, esperamos que esa acción se materialice, y pronto.
